Sobre el poder real de los políticos y las estrechas vías para hacer zozobrar su barco

¿Tienen los políticos tanto poder como creemos? ¿Pueden, a través de las instituciones, cambiar la realidad de nuestro país? ¿Es la democracia determinante para nuestro futuro? Pongamos un ejemplo práctico. El derecho a una vivienda digna. Existe el artículo 47 de la constitución española en el que se reconoce este derecho a todo ciudadano y en el que se apunta que las instituciones públicas harán todo lo necesario para resguardarlo. Pues bien, vayan al político de su pueblo o de su barrio y pregúntenle como puede ser que para miles y miles de jóvenes sea imposible acceder a una vivienda y por que el partido del cual forma parte no trabaja día y noche para garantizar este derecho constitucional (y universal). La respuesta será muy probablemente: “mira, hay cosas que desde la política no podemos controlar, esto es cosa de los mercados”. Tan fácil y trágico como esto. Aquellos que nos representan se ven incapacitados –en el caso que quieran ser capaces- para defender nuestros derechos más básicos.

Y, a continuación, nos preguntamos ¿Por qué aceptan jugar a esto juego los políticos? ¿Por qué aquellos que deberían luchar por el interés general y asegurar lo más básico a los más débiles se desentienden de su obligación? La respuesta es sencilla: la política hoy en día en España no es nada más que un ascensor social, un proyecto laboral que asegura estabilidad y que requiere lealtad absoluta. A cambio, aquellos que participan del sistema activamente recibirán un buen sueldo a fin de mes y, en algunos casos, acumularan porciones de poder que repartirán entre sus fieles seguidores. Entender esto es clave para generar cambios en nuestro sistema, ya que, a sabiendas de que los políticos serán los últimos interesados en cambiar la estructura que los mantiene, lo único que queda es atacar los pilares más básicos de su bienestar para hacerlos zozobrar.

En una sociedad en la que el uso de la violencia no es justificable para la mayor parte de la población y en la que las fuerzas policiales del estado ejercen una presión y represión extrema sobre movimientos abiertamente pacíficos, ¿Cómo es posible desestabilizar lo ya establecido? Las grandes movilizaciones –aun contando con millones de personas en la calle- no son sinónimo de cambio (véase el No a la Guerra). Así que la única carta que nos queda por jugar es saber dónde les duele. Organizar asambleas no les duele. Salir con pancartas a la calle no les duele. Montar páginas web y escribir artículos como este no les duele. Propulsar una Iniciativa Legislativa Popular, por ejemplo, con centenares de miles de apoyos y presencia en los medios de comunicación para cambiar las leyes sobre cuestiones clave como el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, las subvenciones a los medios de comunicación o los sueldos de los representantes políticos… eso, créanme, que ya les empezaría a doler, y bastante.

En la situación actual, cualquier nueva propuesta que surja de la calle se disuelve ante la impotencia que genera el hecho de no poder llegar ni siquiera al debate público del proyecto de cambio. La justificación de esta frustración es clara: los canales de participación de la ciudadanía sé ponen en marcha una vez cada cuatro años y esto legitima a los representantes que salen escogidos. Además, añaden los oficialistas, todo el mundo es libre de montar un partido político así que no queda lugar para la queja. Se olvidan de los millones de euros en subvenciones anuales que aprueban ellos mismos y que reciben los partidos políticos que tienen representación en las instituciones y de todos los medios de comunicación –públicos y privados- que controlan con el dinero de los contribuyentes y que les proporcionan un altavoz diario a modo de márquetin de lo oficial y, por lo tanto, lo verdadero y correcto. Al fin, es como si el Barcelona y el Madrid de futbol nos invitaran a jugar un triangular con la pandilla del barrio, con la diferencia que en el juego democrático el premio para el vencedor es el control absoluto de los recursos públicos.

¿Pero qué pasaría si los movimientos sociales catapultara propuestas legislativas unitarias que acabaran con la inmunidad que tiene hoy la clase política? Pues bien, al día siguiente que los sueldos de todos los representantes públicos se hubieran bajado a los 1.200 euros mensuales y se hubieran prohibido por ley las subvenciones a los partidos políticos –así como otras medidas expuestas en los siguientes párrafos- la mayoría de los que hoy están metidos en política romperían el carné y se irían a su casa. Y es que la anhelada renovación democrática con la que tanta gente está de acuerdo pasa por limpiar la clase política y eso significa echar a los que hace ya casi cuarenta años que controlan el cotarro y a los que harán todo lo necesario para que esto continúe así. Es decir, limpiar la clase política no quiere decir cambiar la cara del líder de turno. Se trata de cambiar la base de los partidos des de su raíz para evitar que esta esté formada por individuos que buscan ascender socialmente y un entorno que los idolatre por su buena causa: trabajar para la democracia.

Pero ¿Cuáles deben ser los cambios y por qué? Para empezar, un cambio en la ley electoral implantando el método de listas abiertas generaría pluralidad en el seno de los partidos proyectando el debate interno más allá de sus feudos. Decir amén al número uno de la lista pasaría a la historia y cada representante votaría en el congreso, parlamento o consejo municipal según las ideas propuestas en su propio programa electoral. Rebajar los sueldos públicos a niveles de lo que la gente de la calle está cobrando situaría a la mayoría de representantes políticos en la clase social para la que deben prestar especial atención. No se trata de ser populista, sino de que a quién deba legislar también le cueste llegar a fin de mes; simple cuestión de empatía. Como ya he apuntando, prohibir las subvenciones a los partidos supondría el fin de los privilegios para estas organizaciones y daría una oportunidad verdadera al nacimiento de nuevos corrientes de pensamiento.

Dado que buena parte del poder del político medio se basa en la capacidad de generar puestos de trabajo para satisfacer a sus fieles seguidores, debería erradicarse la selección de personal técnico a dedo. Es decir, si el alcalde precisa de un secretario, se debería crear una plaza vacante a la cual podría acceder cualquier persona que cumpliese con los requisitos. Finalmente, como medida concreta para remover los cimientos del sistema, se tendría que promover la limitación de las ayudas públicas a los medios de comunicación, lo cual se traduciría en el cierre de la mayoría de radios, televisiones y periódicos que hoy en día conocemos y liberaría a los periodistas que hasta al momento han trabajado como ventrílocuos del poder. Sería el momento de ver florecer proyectos periodísticos independientes que, a su vez, resucitarían la libertad de prensa y el periodismo vocacional.

Este proceso de cambios quirúrgicos pero tremendamente efectivos no precisa de una ideología común entre sus propulsores, tan solo el convencimiento de que una vez generado este nuevo escenario cada cual será libre para proponer nuevas fórmulas de gobierno más o menos clásicas pero con igualdad de condiciones. Dedicar los esfuerzos de los descontentos con el sistema a imaginar un nuevo mundo y determinar exactamente que doctrina ideológica lo debería gobernar es, en mi opinión, una actividad sumamente interesante pero que, a la práctica, nada puede influir la gran maquinaria del poder. Y a eso juegan.

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